El robustecimiento del conflicto en el suroccidente colombiano partió de la imposición de políticas estatales y de la presencia de actores armados, que, debido a la beligerancia, generaron un panorama crítico que impactó en gran medida en la realidad política, social y económica en esta región.
Sin embargo, las vicisitudes y conflictos no son un asunto que solamente ocurrieron a finales del s. XX, sino que incluso se pueden rastrear pretensiones violentas desde la época de la colonia en los s. XV y XVI. Esta aproximación histórica es importante no solo por las violencias vividas; sino por la resistencia que las comunidades indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y el campesinado, las cuales se han mantenido frente a los reiterados intentos de invasores de apoderarse de los territorios ancestrales.
Ese coraje que caracteriza a las personas de la región ha impulsado la resistencia y lucha en el s. XX, en donde se ha dado una lucha por esos territorios ancestrales. Retomando lo dicho por Alfredo Molano: “En los años 20 del pasado siglo el indio Quintín Lame desató la lucha por el territorio ancestral. Levantó a los indígenas del norte de Cauca, del sur de Tolima y el norte de Huila. Lo derrotaron, pero en esa cuna nacieron las Farc”.
Aproximándonos a la región, puede decirse que el departamento del Cauca se ha distinguido por su fértil dinámica social y por el trabajo de las organizaciones comunitarias, creando iniciativas y luchas locales que trascienden al nivel nacional; el espíritu luchador de las comunidades y sus organizaciones continúa siendo el motor del trabajo de muchas personas que defienden los derechos y reivindican causas sociales.
De esta manera podemos encontrar que existen subjetividades plurales en el territorio, que utilizan distintas formas de resistencia, siendo parte de la emergencia de los nuevos sujetos políticos que en los últimos años han recreado el escenario de la política en el país.
El incremento de la violencia sociopolítica en el departamento se ha constituido en una barrera que atenta contra la supervivencia de las comunidades y que mina la posibilidad de consolidar la democracia colombiana. No puede haber democracia completa sin una institucionalidad que garantice el deber estatal de proteger la libre expresión de quienes alzan sus voces para denunciar las políticas del mismo Estado como causa de las violencias y sus impactos.
Con este panorama, anudado con el inconformismo generalizado de la sociedad, en noviembre de 1999 se realiza la primera “Movilización del Suroccidente Colombiano” como punto cumbre de expresión del derecho a la protesta social donde participaron comunidades indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, comunidades campesinas, educadores, viviendistas y estudiantes, quienes mediante el cierre de la vía panamericana, exigieron al Estado la instauración de una mesa de negociación y la suscripción de una acta de compromisos.
Posterior a esta manifestación, en el mes de diciembre de 1999 se fortaleció y consolidó el paramilitarismo en la región, a través del Bloque Calima, generando intimidaciones, amenazas y masacres orientadas a desarraigar a defensores y defensoras de derechos humanos y a sus comunidades. Esta estrategia paramilitar estaba orientada en materializar un control social y territorial de grandes zonas de interés para el desarrollo de megaproyectos.
Ante la grave situación de vulneración de derechos humanos, y dentro del marco de un escenario de resistencia y lucha popular, surge la Coordinación de Organizaciones Populares del Suroccidente Colombiano, en el año 2000 en el cual se articulan procesos como: FENSUAGRO, el Proceso Campesino y Popular La Vega, La Asociación Campesina de Caldono ASOCAL, Asociaciones indígenas Avelino Ul, Lorenzo Ramos, Procesos estudiantiles Coordinadora Estudiantil Tuto Gonzales, Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del Cauca (SIMPEAGRIC), Organizaciones de Viviendistas y Servicios Públicos, entre otros.
Posteriormente a su interior en el año 2002 se realiza una propuesta organizativa para la creación de la “Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano”, pensada como un proceso alternativo de resistencia encaminado hacia la prevención y protección de grupos poblacionales minoritarios en aras de la exigibilidad de garantías al Estado.
Con ese antecedente, en 2001 cuando se decidió adoptar el nombre de Red De Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (Red DDHH FIC), en honor y conmemoración del educador y líder popular Francisco Isaías Cifuentes, asesinado el 26 de abril de 2001 en la ciudad de Popayán a manos de paramilitares. Francisco era originario de Cajibío – Cauca, y junto con su esposa Leydi María Fernández, fueron asesinados por dedicar su vida al trabajo comunitario y participar en la Primera Movilización del Suroccidente Colombiano.
En 2002, 2006, 2007 y 2008, debido a la complicada situación económica, social y política, y en ejercicio del derecho a la protesta, la Red DDHH FIC siguió tejiendo lazos de hermandad y solidaridad impulsando diversos espacios de formación, consolidación organizativa de cara a jornadas de movilización social,. Estos espacios de protesta fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas Estatales, quienes dieron un tratamiento militar y guerrerista a los manifestantes usando mecanismos prohibidos como la quema y envenenamiento de alimentos; la suspensión del abastecimiento de agua con el ánimo de hacer rendir por hambre y sed al opositor y el uso de armas no convencionales. Estas acciones fueron dirigidas en contra de población indefensa, dejando un amplio saldo de muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, encarcelados y desarraigados.
Este proceso permitió que en el año 2007 la Red DDHH FIC se pudiera articular regionalmente en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y a nivel nacional en la Coordinación Nacional Agraria y Popular (CONAP). Pie de página la coordinación pasa a ser un proceso regional donde se vinculan nuevas organizaciones PUPSOC.
Entre 2006 y 2016, las comunidades padecieron una profundización de la crisis humanitaria en la región a causa de políticas del Estado sustentadas en la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” y en particular su eje de “consolidación de la política de seguridad democrática”. En esta época, las infracciones al DIH y las violaciones al DIDH, resultaban habituales debido a las acciones ilegales y arbitrarias de las Fuerzas Militares y de Policía, además de las que propiciaban los grupos paramilitares. La manifestación de la violencia estatal y paramilitar se incrementó a raíz de la inclusión de regiones del departamento en zonas prioritarias para el desarrollo de la Doctrina de la Acción Integral en su fase estratégica de “Control Social del Territorio” por parte del Estado Colombiano.
En la última etapa de los procesos históricos regionales y nacionales las organizaciones populares han sido protagonistas de grandes movilizaciones sociales. Cada una de ellas representa un hito distinto en la movilización y construcción programática que se hace desde lo popular. Estas experiencias han tomado diferentes caminos de articulación: entre 2010 y 2012, las organizaciones que conformaban el PUPSOC decidieron articularse al Movimiento Marcha Patriótica; posteriormente en 2013 hubo trabajo mancomunado con la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular; y finalmente, durante 2013, 2014 y 2016, existió participación en procesos de movilización unitarios, es decir, Paros Agrarios, Minga del Suroccidente y la Minga Social por la Vida, el Territorio y la Paz.
De estos procesos de movilización se establecieron mesas de negociación entre las comunidades, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales; sin embargo, el Estado Colombiano, además de incumplir la mayoría de los acuerdos, adelantó estrategias de represión y persecución judicial en contra de los manifestantes, además de establecer barreras en torno a la garantía de justicia en casos de acciones irregulares de agentes del Estado.
Ante el sistemático desconocimiento y vulneración de los derechos individuales y colectivos de campesinos, afrodescendientes, indígenas, de población urbana y popular los procesos organizativos en la región, la Red DDHH FIC ha venido continuamente adelantando acciones comunitarias de prevención y protección de los Derechos Humanos ante la agudización de los efectos de la violencia social y política que ha estructurado nuestra historia.
La existencia en el departamento del Cauca de un importante acumulado de experiencias prácticas de movilización popular, así como de movimientos sociales que han demostrado en los últimos años un alcance nacional de grandes proporciones concretados en la movilización popular del año 1999, la movilización agraria y popular del año 2002, la Movilización Agraria y Popular de 2007, la Jornada de Movilización Agraria, Indígena y Popular del Sur Occidente Colombiano de octubre de 2008, la Minga Social y Comunitaria de 2008, la Marcha Patriótica y Cabildo abierto por la independencia del año 2010, y durante los años 2013, 2014, 2016 y 2019, participamos activamente en procesos de movilización unitarios en lo que se conoció como paros agrarios, minga suroccidente y finalmente minga social por la vida, el territorio y la paz; estos procesos de movilización históricamente han sido reprimidas arbitrariamente por las Fuerzas Armadas Estatales, en donde el Estado opera contra la población indefensa, con prácticas que están prohibidas incluso en contiendas entre Ejércitos regulares donde resultaban centenares de heridos, detenciones arbitrarias y decenas de muertos a causa del uso desproporcionado de la fuerza y del uso de armas convencionales y no convencionales en desarrollo del accionar militar.